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¿Qué es la licitación electrónica?

La licitación electrónica es el conjunto de medios y procedimientos telemáticos mediante los cuales se tramitan las licitaciones públicas en España: publicación, presentación de ofertas, comunicaciones y notificaciones. La LCSP consagra la tramitación electrónica como regla general del procedimiento de contratación.

Obligatoriedad de los medios electrónicos

La disposición adicional decimoquinta de la LCSP establece que las comunicaciones y notificaciones relativas a los procedimientos regulados en la ley se realizarán exclusivamente por medios electrónicos.

El art. 387 y concordantes fijan la obligación de que la presentación de ofertas y solicitudes de participación se efectúe mediante dispositivos electrónicos (sobre digital), salvo excepciones tasadas.

Sobre digital y firma electrónica

Las ofertas se estructuran en sobres o archivos electrónicos separados (documentación administrativa, criterios evaluables mediante juicio de valor y criterios evaluables mediante fórmulas), firmados electrónicamente por el representante del licitador.

Las plataformas certifican la fecha y hora de presentación y garantizan la integridad y confidencialidad de las ofertas hasta la apertura correspondiente.

Excepciones a la tramitación electrónica

La LCSP admite excepciones limitadas cuando la naturaleza especializada del contrato exija medios no disponibles electrónicamente, o cuando se trate de maquetas o modelos físicos, conforme al art. 156.3 y disposiciones concordantes.

Preguntas frecuentes

¿Puede presentarse una oferta en papel?

Como regla general no. La LCSP impone la presentación electrónica de ofertas, salvo en los supuestos excepcionales previstos expresamente en la ley.

¿Qué certificado necesito para licitar electrónicamente?

Se requiere un certificado electrónico reconocido de representante o de persona física con poder de representación, admitido por la plataforma de contratación correspondiente.

¿Qué ocurre si falla la plataforma en el momento de presentar la oferta?

Los órganos de contratación pueden ampliar el plazo de presentación cuando se acredite un fallo generalizado del sistema, conforme a los criterios de la propia plataforma y la normativa aplicable.

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